Adicionales y control vecinal de la Policía Federal

Reforma de la federal y cortocircuito con
el ejecutivo porteño

Un insólito paro en los 33 hospitales porteños decretado por la Asociación de Médicos Municipales sumado a las quejas del Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y funcionarios porteños, pareciera tener la finalidad de minimizar el lanzamiento del Plan Nacional de Participación Comunitaria realizado por la Ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, el lunes 4 de abril en la Biblioteca Nacional.

El ruido mediático está relacionado con la suspensión del convenio entre la Policía Federal y el Gobierno de la Ciudad, firmado en septiembre de 2006, que incluía el servicio de adicionales que 1.400 agentes cumplían en custodia de 114 edificios públicos (entre ellos, informó el diario Página 12 se encuentran: 31 de los 33 hospitales y 22 centros de salud, tres cementerios porteños, doce escuelas sobre un total de 720 edificios, dos paradores, once parques deportivos, además del Campo de Golf, los parques Sarmiento y Roca, la Reserva Ecológica, el Teatro Colón y la Dirección General de Rentas)

El plan anunciado por la Ministra Garré, prevé la participación de Organizaciones de la Sociedad Civil y vecinos en la puesta en práctica de programas y el control del accionar de las fuerzas de seguridad en todo el país. Garré aseguró que existen cerca de 1.500 organizaciones de este tipo y que ya han contactado a más de 600. A su vez explicó que se elaborará verdaderas cartografías de prevención del delito y que "las comisarías van a ser sometidas a un sistema de monitoreo a los efectos de ver cómo el mapa del delito va corrigiéndose en forma favorable, o sea disminuyendo la conflictividad".

La participación ciudadana se dará en forma similar a los foros de seguridad que implementó León Arslanian en la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Felipe Solá. Este ámbito estará integrando por “representantes de organizaciones comunitarias e instituciones de reconocido trabajo social, deportivo y cultural en el barrio" aseguró la Ministra. La primera experiencia de este plan se pondrá en marcha en la Ciudad de Buenos Aires, en las 53 jurisdicciones de las comisarías de la Policía Federal.

En cuanto al conflicto por la quita del servicio de adicionales por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, debe tenerse en cuenta que el primer paso lo dio, a pesar de las quejas actuales, el Jefe de Gobierno que denunció (rescindió unilateralemente) el convenio de conformación de la “Policía Comunitaria” firmado en el año 2004 durante la gestión de Aníbal Ibarra con el Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

Este convenio creó la Dirección General de Policía Comunitaria dependiente de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, para coordinar e instrumentar programas de seguridad en forma consensuada entre el Gobierno de la Ciudad y la Policía Federal en materias tales como derecho contravencional, tránsito, seguridad en parques, plazas, espacios verdes u otros parques que se determinarían y en todas aquellas acciones y programas que resultaran de la ejecución del Plan de Prevención del Delito.

Para esta tarea se conformó un cuerpo de 500 agentes y quedó a cargo del Gobierno porteño el pago de los haberes y provisión del equipamiento.

En los considerandos del decreto, firmado el 14 de febrero y publicado en el Boletín Oficial del 3 de marzo último, se da cuenta de la creación de la Policía Metropolitana mediante la sanción de la Ley 2.894 “contándose para tal fin sólo con el financiamiento que aporta el erario público de la Ciudad” y que la Policía Metropolitana no dispone de la cantidad de efectivos necesarios para cubrir el amplio ámbito geográfico de esta Ciudad, aunque asegura que “la citada Fuerza de Seguridad, se encuentra en pleno proceso de expansión, tanto en lo que respecta a sus recursos humanos como a su ámbito de actuación contando a la fecha con 1693 efectivos”.