Un fallo podría detener la construcción de
edificios en cinco barrios porteños

Sin permiso para seguir construyendo

La justicia porteña intimó al Gobierno de la Ciudad y a la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) ¹ a presentar informes sobre la situación de la red de agua potable y cloacal en los cinco barrios con mayor cantidad de construcciones nuevas. Desde 2007, el tendido de cañerías debería haber aumentado en 320 kilómetros para que el sistema no colapse. Ninguna obra se llevó a cabo. Los vecinos preparan movilizaciones y la Legislatura porteña, un pedido de informes.

Por Gabriel Morini

El Gobierno porteño podría tener que suspender la entrega de permisos de construcción y final de obra en los barrios de Villa Urquiza, Villa Pueyrredon, Palermo, Caballito y Coghlan si no se presenta un plan de obras para garantizar la provisión de aguas y cloacas en esa zona de la Ciudad. La jueza Karina Cicero, a cargo del juzgado N° 14 en el fuero Contencioso Administrativo porteño hizo lugar a una medida “precautelar” intimando a la gestión PRO y a la empresa de servicios públicos AySA a entregar la documentación referente a las obras estipuladas en el Decreto 220/07, que contempla la construcción de 320 kilómetros de cañerías para dotar a los barrios de la infraestructura necesaria para absorber el impacto de los nuevos desarrollos inmobiliarios.

Ya transcurrieron los diez días que la magistrada había fijado como plazo y aún la documentación no fue recibida por el juzgado, que desde el 21 de marzo tendrá que analizar si existe un posible daño ambiental que obligue a frenar todos los trámites de construcción. Mientras tanto, este mes habrá actos simultáneos de vecinos reclamando al jefe de Gobierno Mauricio Macri que se extiendan los estudios de impacto ambiental a otros barrios y que se detengan todas las obras nuevas que excedan los cuatro pisos de altura.

El crecimiento indiscriminado de los emprendimientos inmobiliarios en varios barrios porteños sigue siendo un problema que deja a importantes zonas de la Capital en situación de colapso por la falta de planificación racional de los desarrollos. La decisión judicial de Cicero, que fue tomada a fines del 2010, precede una posible medida cautelar solicitada por la ONG Proto Comuna Caballito.

AySA no presentó ninguna documentación, y el juzgado que continúa de feria por mudanza estará habilitado para fallar desde el 21 de este mes. Las inversiones comprometidas nunca se llevaron a cabo. El Decreto 220 firmado por el entonces jefe de Gobierno Jorge Telerman establecía la necesidad de crear un “Comité de Coordinación y Planeamiento de Infraestructura” con la responsabilidad de “asegurar el equilibrio entre la infraestructura de servicios públicos y el planeamiento de los volúmenes edificables y las densidades en los diferentes distritos de la ciudad”. Allí también consta que desde ese momento en adelante “los trámites de permisos” deberían presentar un certificado “especificando la factibilidad del suministro del servicio de agua potable y desagües domiciliario avalado por el Certificado de Factibilidad Técnica e Hídrica expedido por la empresa AySA”. Además, obliga a las obras que superen determinadas dimensiones a someterse a una Evaluación Técnica de Impacto Ambiental.

El antecedentes es el decreto N°1.929/06 publicado el 14 de noviembre de 2006 donde se suspendió “el trámite de los permisos de obra nueva o ampliación” por 90 días en los barrios de Villa Urquiza, Coghlan, Nuñez, Palermo, Villa Pueyrredón y Caballito, gracias a las acciones de amparo de las organizaciones vecinales, en medio del boom de la construcción indiscriminada en esa zona. Fue el primer llamado de alerta sobre la situación que aún no se ha modificado.

En 2007 se realizó un diagnóstico técnico de esos barrios a fin de determinar la magnitud de la problemática asociada al crecimiento urbanístico actual y futuro, con el fin de inferir las obras necesarias para poder acompañar la demanda adicional de ese crecimiento.

El estudio fue llevado a cabo sobre la base de la información suministrada por el Gobierno porteño en relación a los metros cuadrados permisionados durante el año 2005 y 2006, como así también al crecimiento esperados durante los siguientes 5 y 10 años. La conclusión es lapidaria sobre el sistema instalado: “el estudio comprendió la identificación de conductos con una escasa capacidad de transportar y entregar más caudal del actual y por tal motivo, serán insuficientes para satisfacer una demanda adicional”. Además, “se observó la necesidad de renovar de cañerías de diámetros menores (100 mm/125 mm) que actualmente funcionan como cabeceras y que no serán capaces de soportar ni la demanda global ni la inmediata”.

El informe de AySA culmina con la “propuesta” de la empresa para evitar insuficiencias en el servicio, sugiriendo un plan de obras de corto y mediano plazo con un presupuesto de 230 millones de pesos. Esa cifra hoy ascendería a alrededor de 400 millones.

De esas conclusiones se extrae que para que antes de 2008, la red de aguas y cloacas no sufriera ninguna situación de riesgo había que haber realizado más de 153 kilómetros de obras, y en el mediano plazo (es decir, antes de 2011), más de 165 kilómetros de tendido. Ninguna de todas estas obras fue realizada. La situación crítica para los cinco barrios mencionados se resume de la siguiente manera:

• Se reconoció que la red de aguas y cloacas era inadecuada aún sin aumento de la demanda.
• Se procedió a exigir que las obras nuevas tuvieran un “Certificado de Factibilidad” de AySA.
• Se prometió la realización de obras para mejorar la red por parte de AySA, con supervisión del Gobierno de la Ciudad. En su defecto, el Gobierno se comprometió a realizar las obras.

Desde la Proto Comuna Caballito denunciaron que desde hace cuatro años a esta parte, los “Certificados de Factibilidad” para nuevos emprendimientos fueron otorgados “de manera automática”. Hasta el 2007 había alrededor de 200 obras paradas por esta razón “pero mágicamente cuando asumió Macri los permisos comenzaron a concederse otra vez”, aseguró Gustavo Desplats, representante de la asociación vecinal que está a la cabeza de los reclamos. “Estoy convencido de que nos van a dar la cautelar porque las obras no fueron realizadas. Ni en el plan de manejo de AySA ni en el presupuesto uno encuentra esas inversiones”, advirtió Desplats.

Si la justicia avala el reclamo de los vecinos, ninguna obra nueva que supere los cuatro pisos de edificación obtendrá su permiso de construcción o de final de obra. La Legislatura porteña también mostró intenciones de intervenir: presentó un pedido de informes, un proyecto de declaración y un proyecto de ley. En el primero intenta que se le informe al cuerpo la real situación denunciada por los vecinos para determinar si se los expone a un peligro ambiental. “Si se confirmase el incumplimiento del convenio firmado con AySA en febrero de 2007, del Decreto 220/07 y de la Ley 2.359 estaríamos ante la desgraciada situación de haber estado contaminando durante 4 años los acuíferos Pampa y Puelche por contaminación por mezcla con agua potabilizada, y lo que es aun peor por residuos cloacales”, expresa el pedido de los diputados.

La jugada de los legisladores de varios bloques opositores intenta anticipar la aprobación inminente de todo lo construido durante los años 2006 y 2007, que ronda alrededor de los 320 mil metros cuadrados cubiertos. Entre las empresas constructoras que intervinieron en los emprendimientos más grandes en Caballito, figura la de Nicolás Caputo, que forma parte del círculo íntimo del Jefe de Gobierno.

Paralelamente, los vecinos organizados realizarán actos públicos durante este mes, reclamando a la justicia que falle a su favor a través de la medida cautelar. En la Legislatura, avalarán los pedidos de los opositores y propondrán realizar estudios de impacto ambiental vinculados con el tema servicios públicos en otros doce barrios porteños. En principio, para el 18 de este mes hay previstos actos simultáneos en Acoyte y Rivadavia, y en Triunvirato y Monroe para exigir a Macri que por decreto frene las construcciones y ordene estudios por daño ambiental ya que alertaron “se está poniendo en riesgo la calidad de vida”.

1| AySA (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.) es una empresa de propiedad del Estado Nacional y presta servicios (agua potable y desagües cloacales) en la Ciudad de Buenos Aires y 17 partidos del primer cordón del conurbano bonaerense.