El Aumento de Tarifa del Subte que llevó el boleto a $2,50

Crónica de un aumento anunciado (y sorpresivo)

A 24 horas de hacerse cargo del servicio, la gestión PRO decretó un aumento del 127% que terminó en la justicia por amparos presentados por legisladores opositores y asociaciones de consumidores. Hubo recolección de firmas, molinetes abiertos y protestas pero la justicia dio un primer aval a la suba. La Nación anunció que retiraría la custodia de efectivos de la federal, mientras que la cuestión de fondo sobre el llamado para una audiencia pública, aún se dirime en los tribunales. El porqué nunca se cumplió el acuerdo de traspaso entre Nación y Ciudad.

Por Gabriel Morini

Transcurrieron cuatro días del comienzo del 2012 para que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidiera aplicar su flamante potestad tarifaria sobre las seis líneas de subterráneos y aumentara el precio del pasaje en un 127%. De esta manera, la gestión que encabeza Mauricio Macri decidió, sorpresivamente, y a 24 horas de haber firmado el acuerdo de transferencia con el gobierno Nacional, llevar el boleto de 1,10 a 2,50 pesos a partir del 6 de enero.

Desde ese día en adelante, se sucedieron amparos judiciales presentados por legisladores de la oposición y por asociaciones de defensa de los consumidores, liberación de molinetes durante los horarios pico, y planillas con recolección de firma de usuarios en rechazo al tarifazo. Nada de esto torció el brazo del gobierno comunal que aseguró que durante los primeros tres meses del año tendrá adecuado un nuevo contrato de concesión con Metrovías, y recién entonces convocará a una audiencia pública, pero para discutir futuros aumentos.

A este clima, se sumó la decisión del gobierno nacional de retirar la custodia de la Policía Federal de las estaciones y la advertencia del Ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro de que la Policía Metropolitana “no está en condiciones” de remplazar a los efectivos que hasta hace poco vigilaban los andenes.

El funcionario porteño aseguró que se requerían entre 550 y 600 efectivos para cubrir ese servicio, mientras que la réplica provino de la Ministra de Seguridad Nilda Garré que retrucó que solo deberían destinar 250. Con este cruce, se inauguró un nuevo round en la disputa Ciudad-Nación.

El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, Fernando Juan Lima decidió el 16 de enero rechazar las ocho medidas cautelares interpuestas por asociaciones de consumidores y legisladores de la oposición.

En rigor, el magistrado no resolvió sobre la cuestión de fondo, es decir los amparos al aumento, pero sí consideró que mientras tanto, no había razón para retrotraer la tarifa a su valor anterior.

De alguna manera, Juan Lima avaló en el texto de su fallo la suba decretada por el macrismo. El magistrado consideró que no hubo “ilegalidad o arbitrariedad” en la medida y puntualizó que “no corresponde a la Justicia fijar una tarifa o señalar cuál sería la manera más práctica, eficaz o razonable de estructurar un cuadro tarifario”.

A pesar de que anunció que en 20 días hábiles iba a emitir un fallo sobre la cuestión de fondo –la ausencia del llamado a una audiencia pública para discutir el aumento-, al cierre de esta edición no se había producido.

Uno de los puntos más polémicos del fallo judicial señala que sin la suba, la Ciudad “no podrá brindar el servicio de subtes” y retomó algunos de los argumentos esgrimidos por el macrismo que justificaron la nueva tarifa en el retiro por parte de la Nación del 50% del subsidio durante el primer año de la transferencia.

Haber considerado que la última audiencia pública celebrada en tiempos de la convertibilidad entre el peso y el dólar podría llegar a estar vigente, fue uno de los motivos por los que se pidió el apartamiento de Juan Lima. El diputado del MST en Proyecto Sur, Alejandro Bodart y la ex legisladora Vilma Ripoll se presentaron ante la justicia argumentando que el juez había “adelantado opinión” sobre un fallo que aún no había analizado por lo que debía apartarse del expediente. En esa instancia quedó empantanada la vía judicial.

En el medio, se confirmó una Multisectorial –con 40 organizaciones de distinta índole integrándola- que rechazó el aumento dispuesto por el PRO y levantó molinetes durante 10 días en los horarios pico. Hubo recolección de firmas y según se comunicó alcanzó el millón de rúbricas para retroceder con el tarifazo.

A su vez, los trabajadores agremiados en los denominados metrodelegados anunciaron que ningún funcionario los convocó para poder transmitirle las inquietudes del sector que iban desde temas laborales como de seguridad del sistema de subterráneos. Solo en voz baja, directivos de la empresa Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) confirmaron que ningún funcionario del macrismo les acercó alguna consulta a los equipos técnicos sobre la conveniencia o no de fijar la tarifa en 2,50 pesos. El valor del boleto de premetro se mantuvo en 0,75 centavos.

Atrás quedaron las declaraciones del Ministro de Hacienda porteño Néstor Grindetti sobre estudiar una tarifa social diferencial y de tomarse un tiempo para definir si era necesario un nuevo cuadro tarifario. Aun así, se debe destacar que las mismas exenciones vigentes al momento del cambio tarifario seguirán vigentes para jubilados en los horarios determinados.

Será ahora el ministerio de Desarrollo Social de la ciudad el que se encargue de determinar quiénes necesitarán que su tarifa sea subsidiada, pero solo tomando en cuenta aumentos por encima de los ya decretados. Es un misterio qué es lo que sucederá cuando se cumpla el plazo acordado entre la Nación y la Ciudad de destinar 360 millones en concepto de subsidio. Desde el PRO no negaron que existieran en carpeta nuevas alzas.

Pero hay un aspecto poco mencionado en las crónicas periodísticas sobre el acuerdo firmado entre Macri y el vicepresidente Amado Boudou para el traspaso de las seis líneas de subte y el premetro.

Acordado políticamente el último día del 2011, y firmado el segundo día hábil de este año, fue uno de los convenios de menor duración: apenas 24 horas.

Quedó automáticamente sin efecto en el momento en el que el PRO anunció el aumento de la tarifa a través de un escueto comunicado difundido por SBASE donde se autorizaba el cobro del boleto a la concesionaria Metrovías.

A pesar de que nadie en realidad vio cual era el texto en concreto del acuerdo, se mencionó que implicaba varios compromisos de las dos partes. En principio, el gobierno porteño aceptaba el traspaso, la futura decisión sobre el valor del boleto y también un monto equivalente de dinero a la mitad del subsidio destinado al pasaje por el lapso de un año. Los 360 millones de pesos serían girados por la Nación durante los primeros 12 meses.

Pero igualmente comprometía a la gestión PRO a aportar un monto idéntico para absorber el porcentaje restante. Si el gobierno porteño determinaba una suba del pasaje, debía restar ese porcentual de dinero del subsidio y destinar esa parte de los fondos aportados por el Gobierno Nacional a la concreción de nuevas obras de infraestructura para el subte, poniendo de sus propias arcas un monto idéntico.

Lo concreto fue que con esta decisión se alteró por completo el espíritu inicial del acuerdo político que llevó arduas negociaciones. En propias palabras de la gestión PRO, se destinaría por completo el subsidio aportado por el gobierno nacional al pasaje y el resto terminó por ser absorbido por el usuario con un boleto a 2,50. “No tenemos una partida para poder destinarla a subsidiar el boleto”, dijeron desde el macrismo en esos días.

Tampoco habrá obras nuevas, sino solamente las comprometidas a fin de año en el presupuesto votado por la Legislatura. En síntesis, el traspaso no tuvo un costo financiero para la ciudad, ni tampoco un estudio de viabilidad y de cuál es el estado del servicio, ni las ganancias de la concesionaria que durante el último período distribuyó millonarias ganancias para sus accionistas, especialmente para el Grupo Roggio, con el 90% de las acciones de Metrovías.

Por algún motivo igual de misterioso, el gobierno Nacional evitó cualquier confrontación con el macrismo para hacer valer los términos del acuerdo. En definitiva, el costo político del aumento impactará de lleno en la gestión PRO.