Las leyes vetadas por el jefe de gobierno

La fuerza de los vetos (y los votos)

El 82, según los significados de la quiniela, es la pelea. En este caso, el número 82 está relacionado con una pelea por la calidad institucional y la división de poderes: la de la cantidad de vetos impuestos por el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por el jefe de gobierno Mauricio Macri, a las leyes aprobadas por la Legislatura.

Por Fernando Casasco

La mayoría de las constituciones modernas establecen la figura del veto para casos vinculados con razones de conveniencia política y de armonización del funcionamiento de los poderes del Estado. En el caso de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el veto, ya sea total o parcial, figura en los artículos 87 y 88. La única condición que se le impone al gobernante es la de exponer sus fundamentos.

Como forma de equilibrio entre poderes, es claro que la naturaleza del veto es política. Entre sus objetivos se puede señalar el de que un Poder Legislativo dominado por la oposición no le imponga un cambio brusco de políticas al Ejecutivo; que el funcionario a cargo del Ejecutivo no deba tomar medidas contrarias a su plan económico y/o que puedan desfinanciar al Estado, etc.

El caso es que ese tipo de condicionantes no se observan en la mayor parte de la larga lista de vetos firmados por el jefe de gobierno porteño. Al contrario, si bien no tiene mayoría propia en la Legislatura, el bloque del PRO es por lejos la primera minoría y desde hace más de cuatro años es muy difícil aprobar leyes sin el consentimiento de al menos parte de sus miembros. Para colmo, muchas de las leyes vetadas fueron aprobadas por el bloque oficialista en su conjunto. Incluso algunas fueron propuestas por los propios legisladores macristas. Debe destacarse que la Constitución prevé que la Legislatura puede insistir con la aprobación de la ley vetada, mediante la sanción de los dos tercios de la cámara. Sin embargo, nunca hasta hoy el bloque oficialista intentó contradecir a su líder político.

Algunas de las normas “prohibidas” (eso significa el término latino veto) por Macri más destacadas son: la creación del Laboratorio Estatal de Producción de Medicamentos; la ley de publicidad oficial en Medios Vecinales; la incorporación de trámites en Sistema Braille en la Ley de Defensa del Consumidor; la creación del Registro de Ex Presos Políticos; la creación del Comité contra la Tortura; la otorgación de un subsidio a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos; la creación de la Oficina contra la Trata de Personas; el subsidio vitalicio a ex combatientes de Malvinas; la creación de un Fondo para la localización y restitución de niños/as secuestrados/as y/o nacidos/as en cautiverio; la prórroga de la Emergencia Habitacional por 3 años; la creación de un Programa de Inclusión Laboral para Jóvenes en situación de Vulnerabilidad Social; y la habilitación de un servicio gratuito de llamadas desde celulares a teléfonos de emergencia.

Este extenso listado sólo comprende a algunas de las normas que fueron vetadas por completo. También existe otra cantidad de leyes que fueron vetadas parcialmente, y a las que las “tachaduras” de algunos de sus artículos les cambiaron sus espíritus.

Los ¿últimos? vetos

Sólo en el último mes, Mauricio Macri anunció tres vetos claves, que parecen marcar un modus operandi dentro de la gestión del PRO: el privilegio de ciertos lobbys empresariales, la ausencia del Estado en todo tipo de organización de economía social o cooperativa y la criminalización de los sectores excluidos de la sociedad.

Mediante el decreto 670, Macri vetó la Ley 4015, la cual adhería a la Ley Nacional de Medicamentos, que a su vez limita la venta de medicamentos sin receta sólo a las farmacias. Asimismo, exigía que su expendio lo haga un farmacéutico o persona autorizada. El objetivo de la ley es evitar el flagelo de la automedicación y la venta descontrolada de medicamentos.

En cambio, los fundamentos del veto hablan de que la prohibición “importará una drástica reducción de la cantidad de lugares de expendio de medicamentos de venta libre”. Y agregan que la ley “limita el acceso de la población a los medicamentos en condiciones de equidad, igualdad y libre elección”.

Sin embargo, para muchos –como la legisladora Gabriela Cerruti-, este veto lleva el sello de la mega cadena Farmacity. Las relaciones entre el PRO y la empresa son extensas, según se informa en el blog del periodista Juan Salinas.

El jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, es amigo personal y hasta escribió un libro con el director y actual CEO de Farmacity, Mario Quintana.

Además, la consultora MDG, del actual secretario de Medios del GCBA, Miguel De Godoy, presta servicios de comunicación para la cadena. Por otra parte, la diputada y ex vicejefa de gobierno, Gabriela Michetti, mantiene una relación sentimental con Juan Tonelli, el director ejecutivo de la Cámara Argentina de Medicamentos de Venta Libre.

En las últimas semanas de diciembre, Macri también vetó mediante el decreto 672 la Ley 4008, por la que se prorroga el plazo que tiene el Ejecutivo para que cumpla con la Ley 1529, que agrupa empresas recuperadas de la Ciudad que fueron declaradas de utilidad pública y sujetas a expropiación. En sus considerandos, el decreto afirma que el proyecto sancionado por la Legislatura “establece una prórroga que consagra una excepción al régimen general de expropiación aplicable en el ámbito de la Ciudad”. Además, remarca ciertos reparos técnicos, como la inexistencia de audiencias públicas para proceder a las expropiaciones o que la propia norma avanzaba en su reglamentación.

El veto del jefe de gobierno afecta a 29 empresas que fueron recuperadas por sus trabajadores en el ámbito de la Capital Federal, y que ahora verían peligrar unas 2 mil fuentes de trabajo en forma directa. Legisladores de la oposición rechazaron el veto macrista y se comprometieron a trabajar por los consensos que permitan ratificar la ley en el ámbito legislativo. Por su parte, los trabajadores de empresas recuperadas aseguran que el veto los “posiciona fuera de la ley” y se preparan –una vez más- para la lucha.

Por último, el jefe de gobierno y varios funcionarios de su gabinete anunciaron que se vetará la ley que crea el Registro de Cuidadores de Vehículos en la vía pública. La norma sanciona con multa a quienes ejerzan la actividad sin estar autorizados, agrava las penas para los que formen parte de organizaciones y extiende la responsabilidad a las autoridades policiales y organizadores de espectáculos que toleren la actividad.

Aquí claramente hay una cuestión ideológica, ya que el proyecto aprobado por la oposición con 31 votos favorables, iba a contramano del que defendía el oficialismo, que prohibía lisa y llanamente la actividad de los “trapitos” en todo el ámbito de la ciudad y penalizaba con arresto a quienes pidieran dinero a los automovilistas a cambio de cuidar sus coches. Más allá de perseguir a las organizaciones que lucran con un bien escaso en la ciudad como es el estacionamiento en la vía pública, la solución de la gestión macrista parece ser siempre la misma: perseguir y castigar a quienes buscan una salida de subsistencia y afean la vía pública.

Acostumbrado a despotricar por la “falta de consenso” y de “diálogo”, o el “exceso de autoritarismo” del gobierno nacional, Macri insiste en recurrir a un instrumento político unipersonal, para enfrentarse a las decisiones mayoritarias del Parlamento. A fuerza de vetos, marca terreno y muestra las grandes líneas de su gobierno: recortar derechos, perseguir a grupos sociales marginados y dar vía libre a los negocios de grandes corporaciones económicas. Mientras la fuerza de los votos lo siga acompañando, sus decisiones continuarán imponiéndose.