La causa por las escuchas ilegales registró avances

Macri más cerca de ir a juicio oral

El juez Oyarbide decidió cerrar la etapa de investigación por el espionaje ilegal e inició el proceso de consulta con las partes para elevar la causa a juicio oral. El líder del PRO está acusado de integrar una asociación ilícita y dos de los querellantes ya contestaron que están de acuerdo con comenzar el proceso. Resta que lo ratifique el fiscal, pero la defensa del jefe de Gobierno antepuso medidas para que no se aga efectivo hasta tanto sean resueltas por una instancia superior.

Por Gabriel Morini

La justicia federal cerró la etapa de instrucción en la causa por la que el jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri está acusado de integrar una asociación ilícita que hacía escuchas ilegales a opositores. En rigor, esto significa que está más cerca de llegar al juicio oral, en una de las causas que más preocupan al líder del PRO. En el número anterior de El Barrio Villa Pueyrredón se dio cuenta del estado de la investigación por las pinchaduras telefónicas y allí se anticipó el paso que podría legar a dar el juez Norberto Oyarbide, que ahora dio por probadas las responsabilidades y el delito. Pero la noticia que trascendió el 16 de mayo pasado en realidad no significa nada más que el inicio del proceso burocrático necesario para avanzar hacia el juicio, lo que no implica que Macri esté cerca de sentarse en el banquillo de los acusados, ya que aún quedan otras cuestiones judiciales por resolver y eso podría darse recién en el 2014. A la fecha, las querellas contestaron afirmativamente al cierre del período de investigación y restará saber la opinión del fiscal del caso, Jorge Di Lello, que puede acceder o pedir más pruebas.

Aunque la noticia no fue más que un paso habitual en todo proceso, el macrismo aprovechó la posibilidad de explotar al máximo la novedad en clave política en su enfrentamiento con la Casa Rosada. Inmediatamente el jefe de Gobierno convocó a una improvisada conferencia de prensa donde reforzó su posición de ser víctima de los embates -ahora judiciales- del kirchnerismo. "No me sorprende. Esto ya era de público conocimiento", dijo Macri que negó que este hecho "perjudique" sus aspiraciones políticas al interpretar que "si alguien hubiese creído lo que hicieron (los jueces cuando lo procesaron por las escuchas, los porteños), no me hubiesen votado". Apuntó sus dardos al juez al que señaló, responde "al kirchnerismo". En ese sentido, lo enmarcó en un intento por complicar su gestión al frente del Ejecutivo porteño, y lo relacionó al traspaso del subte, al conflicto por la basura y a su rol como opositor al gobierno nacional.

En sintonía se expresaron su jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta y el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Guillermo Montenegro. Como ex juez, este último aportó un poco de claridad a lo obvio para cualquiera que informara con detenimiento cuál era la medida que disparaba un proceso que podía demorar un tiempo y que no era automático ni tampoco inusual.

Al dar por cerrado el caso, Oyarbide abrió el camino al juicio no solo contra Macri, sino también contra el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge «Fino» Palacios, al sindicado espía Ciro James y al ex ministro de Educación de la ciudad Mariano Narodowski.También está involucrado un juez de Misiones (otro ya falleció) y policías de esa provincia que con su actuación habrían permitido que un espía que trabajaba para la cartera de Educación pero sin funciones claras, escuchara ilegalmente los teléfonos de Néstor Leonardo, cuñado de Macri, y de Sergio Burstein, familiar de una de las víctimas de la AMIA.

Macri tiene un procesamiento confirmado por la Cámara Federal desde julio de 2010, por lo que podría pensarse incluso que el proceso viene con bastante demora.

El primer día de junio, Burstein pidió que todos los imputados sean llevados a juicio oral sin necesdad de anexar más prueba. Dos días antes, hizo lo propio Leonardo a través de su letrado.

El abogado Hernán Del Gaizo, representante del familiar de víctimas de la mutual judía detalló a este diario el motivo y sobre quienes pidió la elevación a juicio. En el caso del espía James, se le achacó ser el autor del delito de falsedad ideológica, como miembro de una asociación ilícita en la que violó secretos y la privacidad siendo un funcionario público.

En el caso de Palacios, la acusación es idéntica a la del espía de quien se presupone era su jefe a raíz de las incontables pruebas del contacto entre ambos.

La figura penal aplicada a Macri en tanto es como "coautor del delito de falsedad ideológica en concurso ideal con el delito de violación de secretos y de la privacidad agravado por haber sido cometido por un funcionario público que abusó de sus funciones, los que a la vez concurren en forma real con ser autor del delito de asociación ilícita en calidad de miembro".

El alcalde ya anticipó que no pedirá licencia en caso de que el proceso en su contra avance.

Al ex ministro de Educación que perdió su puesto por el escándalo, se lo acusa de administración infiel contra la administración pública y como miembro también de esa asociación ilícita. Se cree que simuló la contratación del espía dentro de su estructura ya que nunca pudo probar que se haya desempeñado allí. Entre los involucrados están: Diego Guarda, Raúl Alberto Rojas, Ruben Alberto Quintana, David Santiago Amaral, Antonio César Fernández, la secretaria de juzgado Mónica Elizabeth González, y el destituido juez José Luis Rey. Todos como "miembros" de esa asociación ilícita enquistada en el gobierno porteño y con ramificaciones en Misiones.

Burstein reclamó además que se juzgue también a Osvaldo Chamorro, segundo de Palacios en la Policía Metropolitana y socio de su consultora Strategic Security Consultancy, desde cuyas oficinas pidieron informes patrimoniales y financieros de legisladores opositores al macrismo y de sindicalistas. Chamorro fue sobreseído por Oyarbide, pero Burstein apeló esa resolución. Si en segunda instancia se revierte el sobreseimiento, Chamorro deberá ser indagado y podría sumarse al resto de los imputados en la etapa de juicio oral.

Antes de que cualquier juicio formal comience, la Cámara de Casación -tribunal al que la defensa de Macri acudió también como una manera de dilatar el proceso- debe resolver cinco recursos que recibió en los últimos dos años. Dos son recusaciones de Macri contra Oyarbide para que se aparte del caso. La tercera es un pedido de Ciro James para que se investigue el origen de la denuncia: quiere saber si partió de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) el llamado que alertó a Burstein sobre las pinchaduras telefónicas, algo que en las instancias anteriores fue considerado irrelevante. A su vez, hay pedidos de algunas ONG para acceder a la causa y un recurso de queja del propio Macri contra su procesamiento. Casación ha tenido múltiples problemas para definir la integración de la Sala que tomará en consideración estas medidas y ha mostrado poco apuro por resolver las cuestiones pendientes.