La ley que limita la venta de medicamentos en farmacias
no se implementará en la Ciudad

El veto de Macri que pone en riesgo
la salud de los porteños

El gobierno de la Ciudad vetó la homologación de la Ley Nacional que prohíbe
la venta de medicamentos en kioscos, góndolas y bares, y que ya rige en los otros 23 distritos del país. Funcionarios de la oposición y organizaciones farmacéuticas aseguran que la decisión pone en riesgo la salud de los porteños y lo acusan a Macri de priorizar los intereses de la cadena Farmacity.

Por Luciana Aghazarian

A pocos días de terminar el año, el Ejecutivo porteño vetó la Ley 4015, que había sido aprobada en la sesión del 17 de noviembre último con 32 votos positivos por parte de la oposición y 21 negativos por parte del PRO.

El proyecto del diputado porteño de la UCR Rubén Campos buscaba homologar la Ley Nacional que ya se implementa en todo el país y prohíbe la venta de medicamentos –aún los de venta libre- en góndolas, kioscos y bares. La argumentación por parte del Gobierno de la Ciudad fue que la comercialización de medicamentos sólo en farmacias limitaba el acceso de la población a los remedios y que la adhesión a una ley nacional afectaba la autonomía de la Ciudad. Sin embargo, la restricción que proponía la Ley no es caprichosa: según la Organización Panamericana de la Salud, a nivel mundial, entre un 7 y un 10 por ciento de los medicamentos son falsificados.

Campos, que además es médico y miembro de la Comisión de Salud, explicó a El Barrio Villa Pueyrredón que “en Argentina el porcentaje debe ser más alto. Si se toma en cuenta lo que pasó en el último tiempo que hasta las obras sociales usaban medicamentos truchos y si se tiene en consideración que hay piratería del asfalto, se calcula que entre lo robado, lo falsificado y lo vencido llegan al mercado, por fuera del circuito formal, entre un 20 y un 25 por ciento de medicamentos que no está apto para el consumo”.

El riesgo aumenta en tanto estos productos que se adquieren en kioscos, góndolas y bares, justamente por el hecho de comercializarse por fuera del circuito farmacéutico no son controlados por el ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), organismo que se encarga de garantizar la calidad y seguridad de los medicamentos.

De esta forma, manifestó Campos, “depende de la osadía del kiosquero si vende sólo antiinflamatorios, digestivos y aspirinas, o hasta diazepam. Todo tiene contraindicaciones y se permite que se vendan esos medicamentos sin consejo de un profesional”. Lo que sucede es que cualquier medicamento que requiere venta bajo receta por sus efectos adversos puede venderse en forma libre en una menor dosis que no requiera prescripción. No obstante, ese medicamento adquirido sin control termina presentando los mismos riesgos que los vendidos bajo receta médica.

El diputado radical denunció: “Macri quiere que este riesgo lo asuma la población. Si le pasa algo a alguien por haber consumido un medicamento en un kiosco, no nos vamos a enterar nunca. Es raro que se pida una autopsia cuando el médico hace el certificado de causa de muerte por paro cardiorrespiratorio, pero le pudo haber agarrado una alergia u otra cosa por consumir un medicamento vencido o trucho”.

Otra arista de la cuestión, que preocupa a los funcionarios que apoyaban la Ley vetada y a los profesionales de la medicina en general, es la automedicación que a partir de la desregulación de la venta del producto farmacéutico en los 90, se convirtió en un flagelo que crece sin cesar. La compra en forma directa, la inducción al consumo por parte de la publicidad y el fácil acceso a los prospectos de los medicamentos a través de Internet facilitan cada vez más la ingesta de remedios sin control médico.

En este sentido, desde la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) advirtieron que no es verdad que, como adujo el gobierno porteño, la adquisición de medicamentos de venta libre no significa un riesgo para la población, sino que, por el contrario, su incorrecta administración puede provocar disfunción renal, hepática, ACV, intoxicación, hemorragia digestiva, entre otros efectos indeseados.

Tanto la confederación que nuclea a los farmacéuticos del país como el diputado radical y otros funcionarios de la oposición denunciaron que la medida macrista apunta a favorecer a Farmacity que, además de contar con un sector de farmacia, vende medicamentos a través de sus góndolas. Esta cadena, al igual que un grupo de laboratorios multinacionales, se encuentra nucleada en la Cámara Argentina de Productores de Especialidades Medicinales en Venta Libre (CAPEMVeL), cuyo gerente general es Juan Tonelli, según indican, pareja de Gabriela Michetti.

Por otro lado -aseguraron voceros de COFA- Farmacity es cliente de la agencia del jefe de prensa de Macri, Miguel de Godoy, y, asimismo, el CEO de la cadena, Mario Quintana, es amigo de Horacio Rodríguez Larreta.

El privilegio de estas vinculaciones por encima de la salud de la población es lo que indigna a quienes están a favor de la Ley 4.015, que volverá a ser presentada por Rubén Campos en febrero próximo.